163,020 votos fuera del censo: los «nietos» que España deja sin votar el 29-N
El Tribunal Supremo ordenó suspender del censo exterior a los nacionalizados por la ley de nietos que no acrediten exilio político. El Gobierno respondió que cumplirlo es «materialmente imposible».

A 17 días de las elecciones generales del 29 de noviembre, el censo de españoles residentes en el extranjero (CERA) tiene un agujero de 163,020 electores. Un auto del Tribunal Supremo hecho público el 12 de octubre, que ratifica medidas cautelares dictadas en septiembre, ordenó suspender el derecho de voto de quienes obtuvieron la nacionalidad por la llamada «ley de nietos» —la vía de la Ley de Memoria Democrática para descendientes de españoles exiliados entre 1936 y 1955— y no cuenten con un certificado consular que acredite que sus ascendientes sufrieron persecución política.
El Gobierno contestó que aplicar la orden es «materialmente imposible». La Abogacía del Estado alegó que el Registro de Matrícula Consular no tiene un campo que registre cómo se adquirió la nacionalidad, de modo que habría que revisar a mano los 163,020 expedientes, en libros físicos del registro civil y en el software usado entre 2024 y 2025, cruzando consulados de nacimiento y de residencia. El Supremo reprochó al Ejecutivo no aportar datos caso por caso ni acreditar las gestiones realizadas; el ponente fue el magistrado Antonio Narváez y la magistrada María Alicia Millán firmó un voto particular advirtiendo de la incertidumbre sobre quién puede votar y qué papeletas se cuentan.
El mapa del problema está en América Latina: La Habana concentra cerca de 30,000 expedientes y Rosario y Buenos Aires superan los 20,000 cada una. En la Ciudad de México, una de las mayores comunidades españolas del mundo, la agencia EFE recogió el 12 de noviembre el enojo frente al consulado. «Nos sentimos desplazados, no reconocidos o ciudadanos de segunda», dijo Mari Carmen González, nieta de emigrantes de Cantabria y Navarra. En cambio, el voto de los hijos de nacionalizados por esa vía —unos 190,000 electores— no quedó suspendido.
El calendario no ayuda: la documentación electoral se envió entre el 24 y el 30 de octubre, el voto por correo se admite hasta el 24 de noviembre y el voto en urna consular va del 21 al 26. Es decir, la decisión llegó cuando la maquinaria ya estaba en marcha, y la duda sobre la validez de cada papeleta se resolverá, en la práctica, en el escrutinio.
El voto en el extranjero se gana o se pierde en la base de datos, no en el mitin. Si su campaña depende del voto exterior, audite el censo antes de la convocatoria: qué campos existen, quién los administra y qué litigios están abiertos. Y tenga lista una ruta de acreditación documental para sus votantes, porque cuando el fallo llega a 17 días de la elección ya no hay tiempo de convertir indignación en papeletas válidas.
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