Paraguay: de presidente a preso en una semana, Peña enfrenta hasta 15 años de cárcel
La fiscalía acusa al expresidente de lesión de confianza y administración en provecho propio por el colapso de Ueno Bank, que tenía 2.94 millones de clientes. Está en prisión preventiva en una unidad militar de Asunción; otros 27 investigados enfrentan hasta 12 años.

El expresidente de Paraguay Santiago Peña, de 47 años, podría pasar hasta 15 años en prisión por el caso Ueno Bank, dijo la fiscal Verónica Valdez, según la agencia EFE. La pena máxima se explica porque la acusación incluye más de un hecho punible. El fiscal Francisco Cabrera añadió que los otros 27 investigados, entre ellos ocho exdirectivos del banco, enfrentan hasta 12 años, y que los rangos pueden cambiar si se recalifican los cargos.
La caída fue vertiginosa. Peña renunció el jueves 5 de noviembre; el Senado lo declaró culpable de «mal desempeño de funciones» en el juicio político, y el sábado 7 la fiscalía lo imputó como instigador de lesión de confianza y autor de administración en provecho propio. Ese mismo día, el juez Humberto Otazú ordenó su prisión preventiva: «El juzgado ha determinado decretar la prisión preventiva», dijo, según Infobae. Pedro Alliana, quien era vicepresidente, completará el mandato hasta el 15 de agosto de 2028.
Según la imputación citada por EFE, Peña intervino en la colocación, renovación y mantenimiento de «importantes sumas de dinero provenientes de entidades públicas y previsionales» en el banco, con el que tenía una relación económica y societaria previa: habría tenido 1.58% de las acciones de Ueno Holding, del Grupo Vázquez, además de un certificado de ahorro en Ueno y un bono con Itti. Los legisladores que impulsaron el juicio político afirman que vendió su participación en marzo de 2025, ya como presidente.
El Instituto de Previsión Social invirtió cerca de 355 millones de dólares en el banco durante su gobierno, reportó Infobae, y Ueno tenía 2.94 millones de clientes, casi la mitad de la población. El exjefe del Banco Central, Carlos Carvallo, también fue imputado. La Cancillería sostuvo que «la respuesta institucional demuestra que rige el Estado de derecho».
Un conflicto de interés que parecía viejo y técnico puede convertirse en crisis existencial cuando lo detona un evento que afecta a millones. La auditoría de vínculos patrimoniales del candidato no es un trámite de campaña: es gestión de riesgo para todo el mandato, y conviene transparentarla antes de que la descubra el adversario.
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